sábado, 30 de noviembre de 2013

¡Porque la salud no se vende, NO a la reforma!

Según encuestas realizadas, 8 de cada 10 colombianos desaprueban la forma como el gobierno enfrenta los problemas de la salud y piensan que las condiciones y su calidad están empeorando.

la reforma a la salud, ley 210 de 2013, tiene por objeto redefinir el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Establece los principios del sistema, el marco a partir del cual se regulan los beneficios en salud, la operación, gestión y administración de la prestación de los servicios., el manejo unificado de los recursos en salud a través de la creación de una unidad de gestión financiera de naturaleza especial, algunos procedimientos de inspección, vigilancia y control, el régimen de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y un régimen de transición para la aplicación de lo dispuesto en esta ley.

El gobierno ha radicado simultáneamente en el senado dos propuestas distintas: Una de ley estatutaria y otra ordinaria. La primera, que fue concebida por lo que se conoce como "la comunidad certifica", pretende definir el ámbito del derecho a la salud. La segunda que sería una ley corriente, fue iniciativa del propio gobierno, a través del Ministro de Salud. Aunque el Ministro que defendería con vehemencia la iniciativa de la ley estatutaria, tras presentar 18 artículos con base en la propuesta de la Junta Médica Nacional, lo cierto es que el proyecto de ley ordinaria sigue su curso y empezará a ser debatido.

Lo inaudito es que entre los dos proyectos hay artículos que son abiertamente contradictorios. ¿Cómo puede uno entender que el gobierno le monte un sabotaje a su propia propuesta? Por una sola razón: Porque el proyecto estatutario, obra de los médicos, es mucho más sólido y pertinente que la propuesta ordinaria del Gobierno, y proporciona un marco más serio para el posterior desarrollo de las normas ordinarias.

En el proyecto que plantea el Ministro se eliminarán las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El ministro habla de la creación de nuevas entidades "Gestoras" de Salud a las que se les otorgaría la facultad de atender a pacientes tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Esas Gestoras quedan autorizadas para organizar las futuras redes de servicios que atenderán a la gente. las EPS podrán transformarse en Gestoras o prestadoras de servicios médicos de primer nivel, que no administraran dineros del sistema. Pero, más adelante, el artículo 27 de la reforma las autoriza para "apoyar a Salud-Mía en los procesos de afiliación y recaudo". Entonces, ¿Manejarán recursos o no?.  Contradicciones como esa abundan en el proyecto.

Los recursos del sistema de salud son considerados de naturaleza pública, lo cual permite que la autoridad de control fiscal pueda investigar y enjuiciar a quienes hagan uso indebido de ellos.

El Gobierno propone la creación de un organismo llamado Salud-Mía, que reemplace al FOSYGA  en la tarea de pagarles a las empresas prestadoras del servicio. Sin embargo, agrega que, apenas salgan de las manos de Salud-Mía, esos dineros dejarán de ser públicos para convertirse en privados.

¿Quién investigará entonces, a los nuevos defraudadores? ¿Y a los viejos?. Las actuales investigaciones tendrían que suspenderse de inmediato.

Boletín infortmativo Noviembre de 2013- Atención Prehospitalaria UNIVALLE.

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